Por los derechos humanos en todo el mundo

Hemos sido 24.062 firmantes

Esta acción ha finalizado. Más de 24.000 personas han pedido al Gobierno español que impulse un Plan marco de acción estatal frente a la violencia contra las mujeres y las niñas, destinado a garantizar la protección frente a todo tipo de agresiones y abusos de género, incluida la trata y prácticas nocivas como la mutilación genital femenina.

Desde que se puso en marcha la acción ha habido avances en la materia como la inclusión de un artículo específico contra la trata de personas dentro de la Ley de Extranjería pero también se han dado retrocesos como la incoación de un expediente de expulsión a las mujeres víctimas de violencia de género en situación irregular.

Desde Amnistía Internacional seguiremos trabajando con el apoyo de la ciudadanía para que acabar con la violencia de género en España.

Petición original:
Las mujeres y las niñas, por el simple hecho de serlo, continúan sufriendo múltiples violaciones de derechos humanos en España. En los últimos años, se ha avanzado mucho en la lucha contra la violencia género con respecto a la violencia ejercida por la pareja y la ex pareja. Sin embargo, no existe un Plan Marco que combata la violencia hacia las mujeres y las niñas en todas sus manifestaciones.

La violencia de género no se afronta desde un enfoque de derechos humanos. En España, hay una ausencia clara de medidas para prevenir las agresiones sexuales, proteger a las víctimas y procesar a los responsables. Los aspectos más olvidados y más ocultos de este grave problema son la violencia sexual a manos de agentes estatales y la violencia sexual que sufren las niñas. Además, persiste una falta de equidad territorial alarmante, lo que lleva a una desigual atención a las víctimas en función del lugar de residencia.

Por otra parte, la Trata de personas es un problema de extrema gravedad que, pese a la adopción de un Plan Nacional, contiene todavía muchas lagunas y las víctimas siguen desprotegidas.

Por último, Amnistía Internacional denuncia que el derecho a la reparación de todas las víctimas de violencia de género, cualesquiera que sea el abuso sufrido, así como el de sus familiares no está garantizado hoy en día en España.