El mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo

El Grupo de Burgos de AI trabaja de forma especial en el caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Ésta es una de las muchas comunidades que se han unido en Colombia para pedir a todas las partes enfrentadas en el conflicto (paramilitares, fuerzas de seguridad y grupos de guerrilla) que se respete el derecho de la población civil a no verse involucrada en el conflicto. La comunidad ha pagado un alto precio por defender estos principios. Desde 1997,más de 170 han sido víctimas de homicidio, en su mayoría a manos de paramilitares que actúan solos o con la connivencia de las fuerzas de seguridad. Los grupos guerrilleros también han sido responsables de homicidios.

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó está formada por residentes de algunos pueblos y núcleos de casas del municipio de Apartadó, departamento de Antioquia, que se han comprometido a no participar en el conflicto que se libra desde hace 40 años entre las fuerzas de seguridad y paramilitares, por un lado, y grupos guerrilleros, por el otro. La Comunidad de Paz se niega a empuñar armas o a proporcionar información o apoyo logístico a cualquiera de las partes enfrentadas. A cambio, pide a los combatientes que respeten su decisión y no entren en sus localidades.

Uno de los ataques más horribles contra esta comunidad tuvo lugar el 21 de febrero de 2005 cuando unas tropas del ejército dieron muerte a ocho personas, entre ellas cuatro menores de edad, y mutilaron sus cadáveres. El juicio de 10 miembros de la XVII Brigada a los que se imputaba participar en los homicidios –entre ellos un teniente coronel, un mayor y un capitán– dio comienzo el 24 de agosto de 2009. Aunque la escala y naturaleza de los homicidios de 2005 obligaron a las autoridades colombianas a actuar, son escasos los avances que se han hecho en la investigación de la gran mayoría de los abusos cometidos contra esta comunidad.

Desde la masacre de 2005, la Comunidad de Paz ha sido objeto de reiteradas amenazas y agresiones. El 26 de agosto de 2009 dos hombres armados no identificados interceptaron a tres miembros de la comunidad en Nueva Antioquia y los llevaron a una base paramilitar cercana, donde los ataron y amenazaron. Los dejaron en libertad al día siguiente.

El 6 de febrero de 2008, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó una vez más a las autoridades colombianas que tomaran medidas inmediatas para garantizar la seguridad de las personas que integran la Comunidad de Paz. Las autoridades no han tomado medidas efectivas para implementar las órdenes de la Corte, con lo cual incumplen las obligaciones que les impone el derecho internacional.