Los dirigentes políticos de algunos países de África, no sólo no protegen los derechos de las personas a no ser discriminadas, sino que frecuentemente realizan declaraciones o acciones que incitan a la discriminación y la persecución.

http://www.amnesty.org/en/news/africa-end-discrimination-against-gays-international-day-against-homophobia-2012-05-16

ACTUA!

http://www.es.amnesty.org/index.php

Amnistía Internacional reitera su llamamiento a favor de la excarcelación inmediata e incondicional de Wenceslao Mansogo Alo.

El 7 de mayo de 2012, la Audiencia Provincial del Litoral, en la ciudad de Bata, declaró al ginecólogo Wenceslao Mansogo Alo culpable de negligencia profesional y le condenó a tres años de prisión. Amnistía Internacional cree que la declaración de culpabilidad tuvo motivación política, debido a sus críticas al gobierno y a sus actividades políticas, así como a su incesante labor como defensor de los derechos humanos.

Wenceslao Mansogo Alo, que es también miembro destacado de Convergencia para la Democracia Social (CPDS), partido político de la oposición, como responsable de la unidad de derechos humanos, e incansable defensor de los derechos humanos, así como concejal del gobierno local, está encarcelado desde su detención, practicada sin orden judicial el 9 de febrero de 2012. La detención se produjo tras la muerte de una paciente a la que el médico había operado en su clínica privada el 1 de febrero. La familia de la fallecida acusó infundadamente a Wenceslao Mansogo Alo de mutilar el cadáver.

CPDS es el único partido de oposición independiente del país, y además observa la situación de los derechos humanos y denuncia a menudo sus violaciones. Sus miembros son periódicamente objeto de acoso y detención.

Tras su detención en febrero, Amnistía Internacional y Human Rights Watch emitieron una declaración conjunta en la que pedían la libertad inmediata e incondicional de Wenceslao Mansogo Alo, al considerar que esta detención tuvo motivación política y que no había pruebas que justificaran su reclusión.

Un mes después de la detención, Wenceslao Mansogo Alo fue acusado formalmente de negligencia profesional y de profanación de un cadáver. Sin embargo, el segundo cargo fue retirado posteriormente y se le procesó por negligencia profesional. El enjuiciamiento se basó en acusaciones infundadas y en el informe de un examen físico médico del cadáver realizado por el ministro de Sanidad el 10 de febrero. Al parecer, no se realizaron más investigaciones para probar los hechos en los que se basaba la acusación.

El informe del examen del cadáver concluyó que éste no había sido mutilado, aunque afirmó que la paciente había muerto de un ataque al corazón causado por la mala administración de la anestesia. Wenceslao Mansogo Alo no era el responsable de la anestesia.

En el juicio, celebrado los días 4 y 5 de abril, la acusación no presentó ninguna prueba que sustentara los cargos de negligencia profesional contra Wenceslao Mansogo Alo.

Al parecer, las autoridades aprovecharon el infortunado incidente para castigar a Wenceslao Mansogo por su labor como activo defensor de los derechos humanos y activista político, sin basarse en hechos.

Dos médicos que comparecieron como testigos de la acusación declararon ante el tribunal que como cirujano, Wenceslao Mansogo Alo no era el responsable de administrar la anestesia. Además, consideraban que el método y la dosis de anestesia administrada eran compatibles con las prácticas médicas aceptadas para ese tipo de operación y las características de la paciente. No obstante, el tribunal le declaró culpable.

Además de a la pena de prisión, Wenceslao Mansogo Alo fue condenado al pago de una indemnización de alrededor de 10.000 dólares estadounidenses a la familia de la fallecida y a otra de 3.000 dólares al Estado. También fue suspendido para ejercer la medicina durante el tiempo de que esté encarcelado. El tribunal ordenó asimismo el cierre de su clínica mientras permanezca en prisión. Sus abogados tienen previsto recurrir contra la declaración de culpabilidad y la condena.

La anestesista que trabajó con Wenceslao Mansogo Alo también fue declarada culpable de negligencia profesional y condenada a seis meses de prisión, así como al pago de una indemnización de unos 1.500 dólares estadounidenses a la familia.

Ciertas irregularidades procesales cometidas durante el periodo de prisión preventiva de Wenceslao Mansogo Alo también parecen apuntar a la motivación política, como los retrasos no explicados del juez instructor y del tribunal de apelación en tramitar las solicitudes y recursos formulados por los abogados de la defensa contra la detención injustificada de Wenceslao Mansogo. Según las leyes de Guinea Ecuatorial, los tribunales deben responder en el plazo de tres días, plazo que no se cumplió.

Por otra parte, aunque no había ninguna acusación formal contra él, el juez instructor legalizó su detención al considerar que podría haberse cometido un delito, basándose únicamente en una acusación infundada de la familia de la fallecida y en el informe de un examen físico del cadáver. Además, contrariamente a lo que establece la legislación ecuatoguineana, el juez denegó la libertad bajo fianza. El juez de instrucción no tramitó la solicitud presentada el 14 de febrero por el abogado defensor de que revisara su decisión, basada en que no se había cometido ningún delito, en el plazo de tres días que establece la ley. Posteriormente, el tribunal de apelación tampoco respondió en plazo a una apelación contra la detención de Wenceslao Mansogo Alo.

Además, el tribunal debe dictar sentencia e imponer condena en el plazo de tres días tras la conclusión del juicio. Sin embargo, la sentencia y la condena no se dieron a conocer hasta el 7 de mayo, justo un mes después de que finalizara el juicio, excediéndose así del plazo prescrito.

Amnistía Internacional viene documentando desde hace muchos años casos de juicios de motivación política, y ha expresado su preocupación por el hecho de que el poder judicial de Guinea Ecuatorial no es ni independiente ni imparcial. Según la Constitución, el “Primer Magistrado de la Nación” es el presidente de la República. Los jueces no gozan de inamovilidad en el cargo y son nombrados o cesados por el presidente, a voluntad. En ocasiones anteriores, el presidente ha cesado a unos jueces para nombrar a otros para que juzgaran casos políticos concretos. Algunos magistrados han informado en privado de que tenían que pedir instrucciones sobre ciertos casos a la “máxima autoridad”. La organización también tiene constancia de casos en los que las autoridades políticas han hecho caso omiso de sentencias y resoluciones judiciales.

Amnistía Internacional reitera su petición a las autoridades de Guinea Ecuatorial de que pongan en libertad a Wenceslao Mansogo Alo inmediata e incondicionalmente, y de que le indemnicen por su detención ilegítima.

Palma.- El grup local d'Amnistia Internacional Mallorca-Eivissa, va celebrà ahir dissabte 12 de maig, la seva assemblea anual al centre cultural de La Misericòrdia (Palma). Els socis, d’acord amb la política de rendició de comptes de l'organització, han pogut avaluar la gestió, accions i activitats realitzades durant l'any 2011. També s'ha elaborat i presentat el pla de treball pel 2012 i s'han renovat els seus càrrecs a la Junta Executiva.
Amb posterioritat a l'assemblea, el Dr. Miguel Reyero (Metges del Mon) en la conferència, "Temps dolents per al dret a la Salut", va parlar i destacar els perills que comporta la reforma de la llei de salut, especialment en els col·lectius mes vulnerables, provocant un problema de salut pública sense que les mesures suposin veritablement cap estalvi econòmic.

(información en castellano a continuación)

Amb motiu de la celebració de la nostra assemblea local anual, i just després de la seva finalització, comptarem amb la presència del Dr. Miguel Reyero (Médicos del Mundo), que ens oferirà una conferència sobre les amenaces al dret de la salut existents actualment. Aquest acte està obert a tot el públic.

Lloc:   Sala de premsa de la Misericòrdia (Palma). Entrada per la plaça de l'Hospital de la Sang 

Data:   Dissabte 12 de maig de 2012

Hora prevista:   13 hores

Assemblea anual local 2012

Recordau que l'assemblea anual local 2012 de socis d'Amnistia Internacional, tendrà lloc a la Sala de Premsa del Centre Cultural "La Misericòrdia" de Palma el proper dissabte dia 12 de maig, a les 10'30h en segona convocatòria.  

-----------------------------------------------------

Conferencia " Malos tiempos para el derecho a la salud"

Con motivo de la celebración de nuestra asamblea local anual, y justo después de su finalización, contaremos con la presencia del Dr. Miguel Reyero (Médicos del Mundo) que nos ofrecerá una conferencia sobre las amenazas al derecho a la salud existentes actualmente.  Este acto está abierto a todo el público

Lugar:   Sala de prensa dela MIsecordia (Palma). Entrada por la plaza del Hospital de la Sang

Fecha:  Sábado 12 de mayo de 2012

Hora prevista: 13 horas.

Asamblea anual local 2012

Recordad que la asamblea anual local 2012 de socios de Amnistía Internacional, tendrá lugar en la Sala de Prensa del Centro Cultural " La Misericordia" de Palma el próximo sábado día 12 de mayo a las 10'30 en segunda convocatoria.

1. http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/ong-denuncian-ante-naciones-unidas-los-recortes-de-derechos-sociales-impulsados-por-el-gobierno/

    

2. Barcelona/Ginebra/Madrid.- Avui i demà té lloc la compareixença de l'Estat espanyol davant del Comitè de Drets Econòmics Socials i Culturals de Nacions Unides (Comitè DESC). Aquest Comitè està encarregat de supervisar la situació dels drets econòmics, socials i culturals (habitatge adequat, salut, treball digne, educació de qualitat, entre uns altres) reconeguts en el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC) de 1966, ratificat per l'Estat espanyol el 1977. Cada any, diversos països es presenten davant d'aquest comitè a retre comptes sobre el compliment de les obligacions del Pacte. Enguany, Espanya es troba entre els estats  examinats.
   
   Amnistia Internacional i una coalició de 19 organitzacions representades per l'Associació Espanyola per al Dret Internacional dels Drets Humans (AEDIDH), el Centre pels Drets Econòmics i Socials (CESR) i l'Observatori dels Drets Econòmics, Socials i Culturals han presentat informes davant els membres de l'esmentat Comitè.
   
   En el curs d'aquest procés de rendició de comptes, el Govern espanyol ha presentat un informe en el qual es limita a reproduir la normativa adoptada durant els últims anys.
   
   Les organitzacions de drets humans, han aprofitat l'ocasió per presentar dos informes alternatius sobre la situació dels drets socials a Espanya i han exposat en persona les seves preocupacions davant dels membres del Comitè DESC. Totes les organitzacions han coincidit a assegurar que a l'Estat espanyol els drets econòmics, socials i culturals es troben greument amenaçats.
   
   Segons assegura Marta Mendiola, de la Secció espanyola d'Amnistia Internacional, "vivim un moment preocupant. No hauríem de permetre que la crisi econòmica es tradueixi en una crisi de drets humans, però és precisament el que està succeint".
   
   Per la seva banda, Ignacio Sáiz, director executiu del Centre pels Drets Econòmics i Socials (CESR, en sigles angleses), afirma que "Mentre la pobresa i la desigualtat estan en augment es retalla la despesa social, afectant així drets bàsics com el dret a l'educació, a la salut i a un habitatge adequat".
   
   Alhora, Vanesa Valiño, directora de l'Observatori DESC, recorda que les passes enrera en matèria de drets socials impulsades pel govern espanyol suposen "una vulneració del principi de no regressivitat", i assenyala "la deficient rendició de comptes per part de l'Estat i l'absència de mecanismes per a la participació real i efectiva de la societat civil en la presa de decisions en matèria econòmica i social".
   
   Les ONG es mostren consternades per les mesures regressives i discriminatòries preses en les últimes setmanes que afecten drets socials i insisteixen que és precisament  en l'actual situació de crisi econòmica, quan els governs han de fer el màxim esforç possible per garantir els drets socials bàsics dels qui pateixen el brutal impacte de la crisi i, a més, han de rendir comptes sobre les mesures que estan emprant per garantir aquests drets.
   
   Preocupacions de les ONG
   
   Pel que fa al dret a l'habitatge, les organitzacions han denunciat que la resposta de les autoritats ha estat insuficient per evitar que milers de famílies siguin desallotjades de casa seva sense garantia de protecció.
   
   Enfront d'aquesta realitat, les organitzacions reclamen prohibir de manera efectiva els desallotjaments forçosos. I, en cas que aquests siguin ineviatbles, recorden l'obligació dels poders públics de proveir d'un reallotjament adequat a les persones que ho necessitin i d'implicar els afectats en les decisions que els afectin,  segons la normativa internacional.
   
   Pel que fa al dret a la salut, tant física com mental, els representants de la societat civil demanen que s'avaluï l'impacte de qualsevol retallada o mesura anticrisi en relació a l'exercici d'aquest dret i que s'asseguri que els requisits per accedir als serveis mèdics no creen barreres d'accés.
   
   En aquest sentit, les organitzacions mostren una gran preocupació davant la recent reforma sanitària, amb la qual només es garantirà atenció sanitària a les persones migrants majors d'edat en situació irregular en casos d'urgències i assistència a l'embaràs, part i pospart.
   
   Aquesta decisió suposa un retrocés de més d'una dècada en el gaudi de l'accés a la salut d'un col·lectiu que es troba en una situació de gran vulnerabilitat. Fins i tot arribant a posar en perill el seu dret a la vida.
   
   Les ONG de drets humans lamenten la desprotecció de la població treballadora que suposen les recents reformes laborals i alerten sobre la problemàtica de la desocupació que ja afecta més de cinc milions i mig de persones.
   
   Manifesten també la seva inquietud per la manca de protecció adequada a les víctimes de la violència de gènere. En aquest camp, consideren que s'ha de garantir la implementació de les lleis existents.
   
   A més, el Govern ha de marcar, en coordinació amb les comunitats autònomes, uns criteris comuns de serveis públics bàsics d'assistència a dones afectades per la violència. En cap cas aquests mínims haurien de veure's afectats per les mesures de reducció de la despesa pública.
   
   Un altre gran eix de preocupacions és el que afecta a la discriminació que pateix la població gitana, el col·lectiu immigrant, les persones amb discapacitat, el col·lectiu LGBT i les persones que pateixen discriminació per motius de gènere i edat en l'accés a drets bàsics com l'educació, l'ocupació i l'habitatge.
   
   Una discriminació que, segons l'AEDIDH, es deu a dos factors: d'una banda, "les víctimes ni disposen d'informació sobre les vies per obtenir reparació i s'enfronten a nombrosos obstacles en l'accés a la justícia"; per un altre, "no existeix una política sistemàtica de recol·lecció i seguiment de dades sobre discriminació, malgrat la importància fonamental que aquestes eines tenen per combatre la discriminació".
   
   Les organitzacions han plantejat la seva preocupació per les significatives retallades financeres a la cooperació internacional per al desenvolupament i la necessitat d'un model centrat en la lluita contra la pobresa i la consecució dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.
   
   Els informes presentats per les ONG davant el Comitè DESC apunten al fet que l'actual retrocés en matèria de drets socials es correspon amb un reconeixement insuficient a la Constitució espanyola (on es consagren com a mers principis rectors, en lloc de com a autèntics drets fonamentals), i amb un desenvolupament legislatiu clarament insuficient. Això fa que l'accés a un recurs judicial efectiu i a la reparació per les violacions a aquests drets constitueixin una assignatura pendent.
   
   Notes
   
   Els representants de les ONG estan avui disponibles per a entrevistes:
   
   Marta Mendiola (Amnistia Internacional): +34 600 786 235.
   Cristina de la Serna (AEDIDH): +34 615 564 212.
   Ignacio Sáiz (Centre pels Drets Econòmics i Socials):+34 692 836 864.
   Vanesa Valiño (Observatori DESC): +34 616 46 22 49
   
   La coalició d'organitzacions que han elaborat l'informe conjunt són: Center for Economic and Social Rights (CESR), Observatori DESC, Associació Aspacia , Associació Espanyola per al Dret Internacional dels Drets Humans (AEDIDH), Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), la Confederació Espanyola d'Agrupacions de Familiars i Persones amb Malaltia Mental (FEAFES), la Coordinadora d'ONG per al Desenvolupament d'Espanya (CONGDE), Creació Positiva, la Federació d'Entitats de Suport a les Persones sense Llar (FEPSH), la Fundació Secretariat Gitano, la Fundació Triangle, Metges del Món, Moviment Quart Món Espanya, la Plataforma Unitària de Trobada per a la Democratització de l'ONCE (PUC), Provivienda, Xarxa Actives, la Xarxa de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social (EAPN), la Xarxa Espanyola contra la Tracta de Persones i Save the Children.
   
   El segon informe ha estat elaborat per Amnistia Internacional i es pot pot consultar a http://bit.ly/iwe0ch

Palma- Ahir dissabte 5 de maig al mati, un grup de ciutadans, simpatitzants i activistes d'Amnistia Internacional Mallorca-Eivissa varen escenificar el dany produït per la petroliera Shell al Delta del Níger a Nigèria durant els seus 50 anys d'activitats. La representació, que va tindre lloc a la Plaça de l'Olivar a les 11:00 hores, forma part de la campanya d'Amnistia Internacional "Shell ni paga ni neteja" que l'organització està portant a terme amb la finalitat de que la petroliera sufragui la neteja dels abocaments que ha provocat en aquesta zona, d'acord amb el cost que el Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) estima necessaris.
Amnistia Internacional exigeix a la empresa que reconigui la seva responsabilitat en el deteriorament mediambiental del delta i que pagui indemnitzacions a les comunitats afectades per les vulneracions de drets humans que ha comès.<//span>

Per assolir aquests objectius, activistes d'AI a tot el món han recollit signatures que es lliuraran en el marc de la propera assemblea general de l'empresa anglo-holandesa, prevista per al pròxim 22 de maig. A més, dins la "Setmana Global d'Acció" dissenyada per Amnistia Internacional, s'han realitzat actes de carrer en desenes de ciutats espanyoles amb representacions sobre la contaminació que Shell deixa darrere seu.

L'acció s'ha propagat també a través de les xarxes socials.
Les conseqüències castastròfiques que l'activitat de Shell ha produït en l'ecosistema de la zona, una de les regions amb més biodiversitat d'Àfrica, queden descrites en l'informe "La veritable Tragèdia. Demores i inacció davant els abocaments de petroli al Delta del Níger ", elaborat per Amnistia Internacional i el Centre per al Medi Ambient, els Drets Humans i el Desenvolupament (CEHRD). L'ONU calcula que podria trigar més de 25 anys en rehabilitar la zona.

http://www.amnesty.org/en/news/civilians-must-be-protected-amid-escalating-violence-eastern-drc-2012-05-02