El mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo

Con la llegada del nuevo año Amnistía Internacional Asturias ha enviado al Presidente del Gobierno del Principado una copia del listado de las más de 18.000 personas cuya firma ha sido recogida por la organización exigiendo a los presidentes y presidentas autonómicos medidas para que las administraciones autonómicas ofrezcan una mayor protección para los derechos económicos, sociales y culturales (DESC).

Esta acción se enmarca en el trabajo realizado por Amnistía Internacional con el informe “Derechos a la intemperie. Obstáculos para hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales en España”. En este informe, Amnistía Internacional destaca que en España existe un déficit en la protección jurídica de los DESC, lo que se refleja en la ley y en las actuaciones de las autoridades administrativas y judiciales. Esto se traduce en graves impactos en las vidas de las personas, desde el plano más básico como es el acceso a la información respecto de los derechos, como su reclamación ante la administración, o su acceso a la justicia.

Amnistía Internacional Asturias quiere recordar que la alimentación, la salud, la vivienda, el trabajo, la educación y el agua son derechos reconocidos en los tratados internacionales. España está obligada a respetarlos y a garantizarlos para que todas las personas que ven vulnerados estos derechos puedan reclamarlos ante la justicia. Sin embargo, esto es algo que hoy no es posible en muchos casos.

En España, donde la pobreza afecta a unos nueve millones de personas, los derechos económicos, sociales y culturales no están suficientemente garantizados en la ley, ni amparados por la justicia de manera adecuada. Tampoco la Constitución los protege plenamente; pueden, por tanto, violarse con impunidad. A pesar de las peticiones de Amnistía Internacional, la reciente reforma de la Carta Magna ha sido una oportunidad perdida para garantizar la máxima protección de estos derechos. Por ello, estamos hablando de “derechos a la intemperie”.

El dato de que el 22 por ciento de la población en España está en riesgo de pobreza tiende a incrementarse en un contexto de crisis económica. Estas cifras engloban no solo a personas que no cuentan con un empleo, sino también a aquellas cuyos empleos no las han librado de la pobreza. Las personas que sufren la pobreza están atrapadas en un círculo de exclusión, violencia, inseguridad y falta de voz; y se enfrentan diariamente a amenazas contra su seguridad y la de su familia.

La importancia de la información y la participación

Para exigir y hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales, como son la vivienda o la salud, es necesario garantizar el derecho a participar, a asociarse, a expresarse, a acceder a información sobre los derechos y las vías para ejercerlos, a promoverlos y a reclamarlos. La falta de información afecta al derecho de las personas y asociaciones a participar en las decisiones que los afectan.

Un lenguaje excesivamente técnico u opaco puede contribuir a que se den situaciones de exclusión. Para ciertos grupos de población, como son las personas ancianas, niños y niñas, personas con discapacidades o enfermedades mentales, integrantes de la comunidad gitana, personas “sin hogar'’ o inmigrantes, puede estar aún más limitado el acceso a la información. En todos los casos, las mujeres sobre las que concurren factores múltiples de vulnerabilidad social y discriminación, encuentran obstáculos aún mayores.

Esta falta de información sigue contribuyendo a que cientos de miles de personas no puedan salir de la pobreza. Si no cuentan con información pueden ser “presas” fáciles de prácticas abusivas. La información es el primer paso para exigir derechos humanos, y su ausencia incrementa los obstáculos para hacerlo. Estas barreras en España son mayores hasta que no se adopte la ley que regule el acceso a la información.

Falta de respaldo jurídico

En España, los derechos económicos, sociales y culturales no están suficientemente garantizados en la ley ni amparados por la justicia de manera adecuada. Ni siquiera la Constitución los protege plenamente ya que en ella se consideran como meros principios rectores de la política social y económica y no verdaderos derechos humanos exigibles directamente ante los tribunales. A pesar de ello, las legislaciones que desarrollan estos derechos pueden y deben incrementar su respeto, protección y realización.

Cada vez más Estados, a través de reformas legislativas y decisiones de sus tribunales, han incrementado el respaldo jurídico y la protección de estos derechos humanos. La salud, la vivienda o el agua no son derechos menores, tienen el mismo peso legal y merecen un respaldo jurídico adecuado, como han venido advirtiendo diversos organismos internacionales.