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Se sabe ya que Leyla Mafi sufrió su condena de 99 latigazos en febrero en la sede del Departamento de Justicia de la ciudad de Arak. Posteriormente fue trasladada a un centro de rehabilitación de mujeres de Teherán, donde tiene que estar ocho meses.
Su abogado ha expresado su agradecimiento a todos los activistas de dentro y fuera de Irán que han hecho campaña para salvar a Leyla de la pena de muerte y ha dicho que, a pesar del trauma por el que ha pasado, está muy contenta de seguir viva.
Cuando Leyla Mafi tenía ocho años su madre la obligó a ejercer la prostitución y desde entonces fue violada reiteradamente. La detuvieron a principios de 2004 y la acusaron de “actos contra la castidad” por regentar un burdel, mantener relaciones sexuales con parientes consanguíneos y dar a luz a un hijo ilegítimo. Unas pruebas realizadas por trabajadores sociales demostraron, según informes, que tenía una edad mental de ocho años, pero a pesar de ello le impusieron una pena de flagelación y una pena de muerte que se ejecutaría a continuación.
En respuesta a los llamamientos urgentes de defensores y defensoras de los derechos humanos de Irán, de la membresía de la red de Acciones Urgentes de Amnistía Internacional y de gobiernos extranjeros, el gobierno iraní tomó la inaudita medida de hacer unos comentarios públicos sobre el caso en una conferencia de prensa el 26 de diciembre de 2004. Refutó la información que había proporcionado Amnistía Internacional sobre él, pero anunció, no obstante, que se revisaría.
El 27 de marzo de 2005, el Tribunal Supremo anuló la condena de muerte, pero confirmó la de flagelación. La cusa se remitió al tribunal de primera instancia de Arak para que se celebrara un nuevo juicio. En octubre de 2004, Leyla Mafi fue absuelta del cargo de incesto (penado con la muerte) y de regentar un burdel. Sin embargo, fue declarada culpable de cometer un “acto deshonesto con un familiar cercano (distinto de la fornicación)” y condenada a recibir 99 latigazos. La condenaron también a tres años y medio de cárcel por “dar facilidades para la corrupción y la prostitución estando disponible para actos sexuales”. El juez ordenó también que, una vez cumplida la condena de cárcel, fuera internada durante ocho meses en un centro de rehabilitación de mujeres.