La crisis diplomática y migratoria entre Marruecos y España surgida a partir de la estancia en un hospital de Logroño de Brahim Gali en la primavera del 2021 tiene un telón de fondo:el Sáhara Occidental, de unos 266.000 kilómetros cuadrados situado en el norte de África, en el extremo occidental del desierto del Sáhara y a orillas del océano Atlántico. Es un territorio considerado no autónomo por las Naciones Unidas, por el cual no cesa la disputa.
Sobre el Sáhara Occidental señalar que actualmente una gran parte de ese territorio está bajo el control de Marruecos. España fue su potencia administradora (o colonial) hasta noviembre de 1975, fecha en que ‘cedió’ el territorio a Marruecos y a Mauritania, en un extraño acuerdo. Posteriormente Mauritania se retiró, ampliando Marruecos la zona bajo su control, por lo que su Gobierno considera que todo el Sáhara Occidental está bajo su soberanía.
Pero, en realidad, de hecho, Marruecos no controla todo el territorio. Su franja oriental está en manos del Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y de Río de Oro (Frente Polisario), movimiento independentista saharaui que, desde su creación en 1973, lucha por la independencia y, en todo caso, por el proceso de autodeterminación del Sáhara Occidental. El Frente Polisario ha establecido la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), que es reconocida por unos ochenta países y que reclama también la soberanía sobre el Sáhara Occidental.
¿Qué país reclama el control del Sáhara Occidental?
El acuerdo firmado hace casi cincuenta años por el Gobierno de España para la cesión del Sáhara Occidental no ha sido aceptado por la comunidad internacional, por no ser legal desde esa perspectiva. La administración del Sáhara Occidental no se puede pasar de un país a otro. No es una finca particular.
En varias resoluciones de las Naciones Unidas, como la 1514 (XV), de 1960; la 1541 (XV), de 1960; o la 2625 (XXV), de 1970; se señala que el futuro de los territorios no autónomos sólo se puede decidir por un proceso de libre determinación entre sus habitantes, que incluya, entre las opciones a votar, la de la independencia. Incluso en su resolución 2602 (del pasado 29 de octubre de 2021), el Consejo de seguridad de la ONU se reafirma en su “compromiso de ayudar a las partes a alcanzar una solución política justa, duradera y aceptable para todas ellas, basada en la avenencia, que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas(…)”.
En cualquier caso, y pese a no ser legal desde una perspectiva internacional el acuerdo tripartito sobre el Sáhara Occidental, el 26 de febrero de 1976 el Gobierno de España comunicó a la ONU que finalizaba su presencia allí y que se consideraba sin responsabilidad alguna sobre lo que allí sucediera. Y así se ha comportado habitualmente.
Pero no todo el mundo acepta ese planteamiento de desentendimiento unilateral del Gobierno español. Argelia, país muy implicado en el conflicto del Sáhara Occidental y que acoge entre sus fronteras desde 1975 a los campamentos de refugiados saharauis –cuyos derechos apoya–, acaba de recordar recientemente las responsabilidades de España en este tema con motivo de la crisis diplomática surgida ahora entre ambos estados, fruto del apoyo explícito del Gobierno de España al plan del Gobierno de Marruecos con respecto a ese territorio, con el que no está de acuerdo Argelia.
En definitiva, actualmente el control del Sáhara Occidental es reclamado tanto por el Reino de Marruecos como por la RASD, disputándose la soberanía de la misma entre ambos. Y el Gobierno de España trata de que su nombre se asocie cuanto menos mejor a todo este asunto, pese a la indudable ligazón histórica y jurídica que tiene con el territorio del Sáhara Occidental.
Soldados españoles en Ceuta. © AP Photo/Bernat Armangue
Una larga guerra y un más largo plan de paz, ya roto
Tras el abandono de España, se inició un largo conflicto armado entre Marruecos y el Frente Polisario. Casi la mitad de la población del Sáhara Occidental se refugió en Tinduf, en Argelia, huyendo de los bombardeos y represión marroquí, en los campamentos allí ubicados donde ahora viven unas 180.000 personas.
En 1988 se acordó entre las autoridades marroquíes y el Frente Polisario el llamado Plan de Arreglo, aprobado por la ONU en 1991. En él se acordaba la celebración de un referéndum en el cual se pediría a la población saharaui elegir entre la independencia o la integración en Marruecos. Y para poder llevar a cabo dicho acuerdo se establecía la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental), que debía supervisar el alto el fuego e implementar un referéndum, cuya celebración se ha ido posponiendo desde entonces por la negativa del Gobierno de Marruecos a llevarlo a cabo.
En lugar del referéndum, para el Gobierno de Marruecos en la actualidad la opción preferente de solución para el conflicto es la que presentó en la ONU en el año 2007, y es su propuesta de dotar al Sáhara Occidental de una cierta autonomía, bajo su soberanía, lo que no es aceptable para el Frente Polisario en absoluto (ni para Argelia).
Pero todo puede ir a peor. A mediados de noviembre de 2020, tras un intercambio de disparos en la zona fronteriza sur del Sáhara Occidental con Mauritania entre el ejército marroquí y tropas del Frente Polisario, los saharauis acusaron a Marruecos de haber roto el alto el fuego y haber provocado el reinicio del conflicto armado. Desde entonces se han sucedido pequeños enfrentamientos militares entre ambas partes, en los que han muerto un número indeterminado de personas, con pocos datos independientes sobre los combates o sobre las bajas habidas.
Personas refugiadas del Sáhara Occidental asisten a las celebraciones del 45º aniversario de la creación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) el 27 de febrero de 2021. © AP Photo/Fateh Guidoum
Una situación jurídica peculiar
En todo caso, en estos momentos, la comunidad internacional, liderada por las Naciones Unidas, continúa sin reconocer la anexión de facto marroquí. Una excepción notable y reciente son los Estados Unidos, cuyo anterior presidente Donald Trump varió la posición de su país en diciembre de 2020, siendo el único miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU que apoya la opción de Marruecos.
Y otra más reciente y también inesperada ha sido la del gobierno de España, que considera que la posición ‘más seria, creíble y realista’ para que se solucione el conflicto del Sáhara Occidental es la autonomía allí que defiende el gobierno marroquí, sin permitir se haga ningún referéndum de libre determinación. Ese planteamiento implica el reconocimiento de la soberanía del Reino de Marruecos sobre el territorio en disputa.
La Unión Europea, en un comunicado, pareció estar de acuerdo con ese cambio en la posición española, pero al mismo tiempo comentó su seguimiento y respeto aún por el ordenamiento internacional, por una solución aceptable por las dos partes del conflicto y por las resoluciones de Naciones Unidas, que, como ya hemos indicado, sólo contemplan la posibilidad en el futuro de la realización de un referéndum de autodeterminación para resolver el actual conflicto del Sáhara Occidental.
¿Quién controla el Sáhara Occidental actualmente según la ONU?
La situación en este momento es curiosa. Por un lado, el Sáhara Occidental sigue en el listado de territorios dependientes no autónomos, pero no tiene, según la propia ONU, una potencia administradora.
Marruecos no lo es, pese a su control de una amplia zona, y España, que lo fue hasta febrero de 1976, señala reiteradamente que no tiene responsabilidad alguna, e incluso, como hemos visto, parece ser favorable a un futuro autonómico del territorio más que a la opción que elijan en una consulta libre los habitantes originarios del territorio.
En todo caso, para la ONU, en sus últimas resoluciones (como la 2602/2021, del 29 de octubre), las únicas partes relevantes ahora para un acuerdo allí son Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y Mauritania. Pero hay muchas voces que consideran que España sigue siendo importante.
La posición internacional absolutamente mayoritaria, y que sigue Rusia y China, y hasta ahora la Unión Europea (veremos cómo evoluciona esta cuestión), es la que se indica cada año en la resolución que amplía el mandato de la MINURSO. En ella se defiende un pacto entre las partes, una “solución política (…) que prevea la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental en el contexto de arreglos compatibles con los principios y propósitos” de la ONU. Los portavoces de las Naciones Unidas siguen señalando que su posición no ha variado.
Incluso el pasado 16 de diciembre de 2021, se aprobaba una resolución por la Asamblea General de la ONU (la 76/152) sobre la “Realización universal del derecho a la Libre Determinación”, en cuyo artículo primero se reafirmaba el derecho de todos los pueblos a la libre determinación, incluidos los sometidos a dominación colonial, extranjera y externa, por ser un requisito fundamental para que se garanticen y respeten efectivamente los derechos humanos y se preserven y promuevan esos derechos, y en el artículo segundo su firme oposición a los actos de intervención, agresión y ocupación militar extranjera que, en algunas partes del mundo, han conculcado el derecho de los pueblos a la libre determinación y otros derechos humanos.
Esa había sido también la opción de los diferentes gobiernos que ha habido en España desde 1976, país donde habita una amplia comunidad de origen saharaui, en muchos casos, muy formada y activista, pero a la que no se le reconocen derechos como miembros de una antigua colonia, y es considerada como apátrida, moviéndose con pasaporte argelino, pese a haber tenido sus padres o abuelos DNI español.
Ahora, se deberá ver qué va implicando en la práctica el cambio de posición expresado por el presidente del gobierno español el 18 de marzo de 2022.
Un representante ruso de las Naciones Unidas durante la celebración del 45 aniversario de la creación de la República Árabe Saharaui Democrática el 27 de febrero de 2021. © AP Photo/Fateh Guidoum
Sin observadores internacionales
La situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental es muy mala desde hace muchos años, pero se ha deteriorado más desde la ruptura del alto el fuego a fínales de 2020. Las autoridades de Marruecos impiden sistemáticamente las concentraciones por la autodeterminación y obstaculizan el trabajo de las organizaciones locales de derechos humanos, hostigando y maltratando con dureza continuamente a sus miembros y a periodistas, tanto en las calles, como en las comisarías, en las prisiones o en sus propias casas, donde a veces retienen a la gente sin mandato judicial. Incluso hay acusaciones de violación a activistas como Sultana Khaya y su hermana por miembros no identificados de los cuerpos de seguridad de Marruecos. Las investigaciones sobre las denuncias de tortura nunca se investigan de forma correcta.
Y no es fácil seguir lo que sucede. No hay observadores externos independientes. Marruecos no autoriza la entrada allí a periodistas, abogados, activistas o políticos del extranjero. Y el Consejo de Seguridad de la ONU, por su parte, se niega a incorporar la vigilancia de la situación de los derechos humanos en el mandato de la MINURSO, lo que impide documentar los abusos de forma independiente, como sí hacen otras misiones de la ONU.
Y la observación internacional es indispensable. No se ha garantizado jamás una rendición de cuentas adecuada de los responsables de haber cometido violaciones de derechos humanos en la zona. Ni por Marruecos en su parte, ni por el Frente Polisario de los ocurridos en la suya o en los campamentos de refugiados de Argelia.
Y, mientras tanto, hemos podido contemplar como Marruecos ha utilizado como peones en un juego político a las personas migrantes, incluidas las menores de edad, dejándolas cruzar la frontera en Ceuta como forma de presión sobre España; y, también mientras tanto, España ha reaccionado a menudo devolviendo a estas personas en caliente a territorio marroquí, incluso a niños y niñas, sin ningún tipo de garantías y en contra de las normas internacionales.
Lamentablemente, nadie parece estar observando de forma seria, creíble y realista lo que sucede con los derechos humanos a unos 1.500 kilómetros de distancia del sur de España y Europa.
Publicado originariamente en ElDiario.es
