Perú

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024.

Las fuerzas de seguridad respondieron a las protestas empleando fuerza excesiva, especialmente en regiones predominantemente indígenas. Aún no se habían producido reparaciones por el derrame de petróleo de la refinería La Pampilla. Los defensores y defensoras de los derechos humanos seguían exponiéndose a riesgos importantes, y persistía la impunidad por los homicidios. La violencia sexual y de género, incluida la cometida contra niños, niñas y adolescentes, seguía estando muy extendida. Las autoridades obstaculizaban el derecho al aborto en los casos de embarazo infantil. Se aprobó legislación que menoscababa la igualdad de género. La población LGBTI seguía haciendo frente a violencia y legislación discriminatoria. Las autoridades denegaron a las personas venezolanas la protección que les correspondía. Las víctimas de esterilización forzada seguían sin obtener reparación. Las autoridades excarcelaron al expresidente Alberto Fujimori haciendo caso omiso de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y socavando la justicia para las víctimas.

Información general

La crisis social y política que había empezado en diciembre de 2022 prosiguió en 2023. Las autoridades debilitaron instituciones como el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Junta Nacional de Justicia, lo que ponía en peligro los derechos humanos.

Libertad de reunión pacífica

En enero y febrero continuaron las protestas que habían comenzado en diciembre de 2022 en reacción al cambio de gobierno. Las autoridades respondieron con fuerza letal y un uso excesivo de fuerza menos letal. La represión se saldó con la muerte de 50 personas —49 civiles y un policía— y centenares de personas heridas. Los cuerpos de seguridad emplearon fuerza ilegítima con un sesgo racista, especialmente contra los pueblos indígenas, y efectuaron al menos 20 posibles ejecuciones extrajudiciales.¹

Las protestas se reanudaron en julio, durante la celebración nacional del Día de la Independencia. Las fuerzas de seguridad utilizaron gas lacrimógeno y perdigones de goma de forma desproporcionada, efectuaron posibles detenciones arbitrarias y hostigaron a periodistas.

En noviembre, en medio de una investigación contra la fiscal general que desembocó en su suspensión del cargo, ésta presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y cuatro exministros por la muerte de cinco personas en Ayacucho, Cusco, Lima y Puno, así como por las lesiones sufridas por un hombre en Lima durante las protestas de diciembre y enero.² Se reanudó la investigación penal contra varios policías en relación con la muerte de dos hombres jóvenes y las lesiones infligidas a decenas de personas que habían participado en las protestas del 14 de noviembre de 2020 contra la presidencia de Manuel Merino.

Continuaba vigente la Ley de Protección Policial, que contravenía las normas internacionales al eliminar el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza.

Derecho a un medioambiente saludable

Cuando habían transcurrido dos años del derrame de la refinería La Pampilla, en el distrito de Ventanilla (provincia de Callao), los pescadores que faenaban en las proximidades afirmaban que aún no se había completado el registro formal de personas afectadas. La población perjudicada seguía denunciando que no había recibido reparación efectiva. Tampoco se habían llevado a cabo las acciones de recuperación y limpieza necesarias.

Las personas afectadas por la contaminación ambiental en la provincia de Espinar (departamento de Cusco) y otras partes del país seguían sin recibir servicios médicos especializados, pese a que una sentencia judicial de 2020 obligaba al sistema de salud a proporcionar ese tipo de atención en la provincia y a aplicar un plan de intervención intersectorial con asignación presupuestaria en varias regiones del país.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Se tuvo noticia del homicidio de cuatro defensores de los derechos humanos: Cristino Melchor Flores, defensor del derecho a la tierra del departamento de Piura; Santiago Contoricón, líder indígena de los derechos humanos de etnia asháninka del departamento de Junín; Quinto Inuma, líder indígena kichwa del departamento de San Martín al que se habían concedido medidas de protección en 2021, y Benjamín Flores, miembro de la comunidad indígena Kakataibo. Persistía la impunidad por la mayoría de los homicidios de personas defensoras, como el del ambientalista Roberto Pacheco, perpetrado en 2020 en el departamento de Madre de Dios.

El Ministerio del Interior seguía careciendo de un protocolo para proteger a quienes defendían los derechos humanos como parte del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos.

Violencia sexual y de género

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables registró 142.182 casos de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes durante el año, cifra que representaba un aumento del 7% con respecto a 2022. Un total de 28.991 eran casos de violencia sexual, de los cuales el 50% afectaban a adolescentes de entre 12 y 17 años. En ese mismo periodo, el Ministerio registró 11.944 casos de violación —de los cuales, 7.757 (el 66%) correspondían a niños, niñas y adolescentes—, pero sólo se repartieron 2.922 kits de atención posterior a la violación; asimismo se cometieron 170 feminicidios —lo que suponía un incremento del 16% con respecto al mismo periodo en 2022— y 258 tentativas de feminicidio.

Según el Ministerio del Interior, se denunció la desaparición de 10.817 mujeres y niñas, que representaban el 59% del total de personas desaparecidas. Pese a que sólo el 50% de esas mujeres y niñas habían aparecido, no se implantó un sistema especializado de búsqueda con perspectiva de género.

Derechos sexuales y reproductivos

En junio, el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, determinó que Perú había incumplido la obligación que tenía de proteger a Camila, niña indígena de 13 años a la que se había negado el acceso al aborto. El dictamen obligaba al Estado peruano a proporcionar acceso al aborto en todos los casos de embarazo infantil. Diversas organizaciones denunciaron al menos 5 casos de niñas menores de 15 años embarazadas a las que se había negado el acceso al aborto en los departamentos de Loreto, Cajamarca y Cusco. Según el Ministerio de Salud, en 2023 hubo 1.354 partos de niñas y adolescentes menores de 15 años, de los que 4 correspondían a niñas menores de 11.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Las organizaciones LGBTI denunciaron que en 2023 se habían producido al menos ocho asesinatos de mujeres transgénero que podían considerarse delitos de odio. Pese a ello, seguía sin haber un registro oficial de este tipo de crímenes. Se carecía aún de un proceso administrativo transparente y accesible para que las personas transgénero pudieran obtener un documento de identidad sin recurrir a procedimientos judiciales. Seguían sin reconocerse el matrimonio y la descendencia de las parejas de personas del mismo sexo.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Más de un millón y medio de personas venezolanas que vivían en Perú y necesitaban protección encontraban impedimentos para solicitar asilo. En julio, el 98% de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado seguían pendientes. Los visados que se otorgaban no cumplían las condiciones básicas, como la protección frente a la devolución o el acceso a los servicios de salud.³ Se negó el derecho a trabajar a miles de personas venezolanas porque el funcionariado no reconocía su situación ni los derechos que les correspondían. Las mujeres de esta nacionalidad corrían especial peligro, y muchas de las que habían sufrido violencia de género no acudían a los centros de protección por temor, desconfianza o desinformación.

Las autoridades y los medios de comunicación fomentaron el discurso de xenofobia y estigmatización contra las personas venezolanas.

El 10 de noviembre, cuando finalizaba el plazo oficial para que la población extranjera regularizara su situación migratoria, las autoridades anunciaron que expulsarían a todas las personas que no estuvieran en situación migratoria regular, con lo que miles de ellas quedaron sin protección dentro y fuera del país.

Derecho a verdad, justicia y reparación

Se devolvieron a las familias, al cabo de 31 años, los restos mortales de Dora Oyague, Marcelino Rosales, Bertila Lozano, Felipe Flores Chipana y Armando Amaro Cóndor, que formaban parte del grupo de 10 personas de la Universidad La Cantuta sometidas a desaparición forzada, torturadas y asesinadas en 1992.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos examinó por primera vez un caso relacionado con la política de esterilización forzada de la década de 1990: el de Celia Ramos. En noviembre, la Corte Suprema confirmó una sentencia de 2022 que ordenaba reparar a las víctimas. En diciembre, no obstante, la Sala Penal de la Corte Suprema anuló la apertura de la investigación judicial contra el expresidente Alberto Fujimori y otras autoridades en relación con esa política.

También en diciembre, el Tribunal Constitucional ordenó la puesta en libertad de Alberto Fujimori, decisión que vulneraba los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos de las que el expresidente había sido declarado responsable y hacía caso omiso de las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que prohibían su excarcelación.

Cuando habían transcurrido 20 años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de 2003, muchas de las recomendaciones no se habían aplicado, y 19.000 personas seguían desaparecidas como consecuencia del conflicto armado interno.