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El 29 de diciembre de 2005, el defensor de los derechos humanos Martín Barrios Hernández fue detenido en su domicilio de Tehuacán, estado de Puebla, acusado de chantaje. A pesar de que existían indicios convincentes de que los cargos contra él habían sido inventados en represalia por su apoyo a obreros que habían sido despedidos, el 4 de enero de 2006 un juez local confirmó su detención y ordenó su procesamiento. El chantaje está tipificado como un delito penal grave en el código penal estatal, lo que impide a las personas sospechosas obtener la libertad bajo caución.

Martín Barrios Hernández es el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, que se ocupa de defender los derechos laborales de los trabajadores de numerosas fábricas textiles de Tehuacán. En noviembre de 2005, la Comisión apoyó las protestas y las acciones legales emprendidas por los trabajadores despedidos de la planta textil Calidad de Confecciones. El 24 de noviembre, el propietario de la fábrica presentó una querella criminal ante la Procuraduría General de Justicia del estado en la que alegó que el 22 de noviembre de 2004 Martín Barrios le había pedido dinero a cambio de poner fin a las protestas de los trabajadores. También declaró que Martín Barrios había regresado al día siguiente, lo había amenazado y había ordenado a los manifestantes que lo agredieran en su domicilio. El juez dictó la orden de aprehensión el 13 de diciembre de 2005.

Durante la instrucción, la defensa de Martín Barrios aportó pruebas de que el inculpado asistía a una reunión pública en el momento en que se había cometido el presunto delito, y de que la manifestación celebrada al día siguiente frente a la casa del propietario de la fábrica había sido pacífica. A pesar de ello, el 4 de enero el juez dictó auto de prisión preventiva para Martín Barrios y ordenó su procesamiento.

Tras la indignación nacional e internacional provocada por estos hechos, el propietario de la fábrica “perdonó” a Martín Barrios, una fórmula jurídica para poner fin al proceso. Martín Barrios quedó en libertad sin cargos.

Según los informes, posteriormente Martín Barrios y otros miembros de la Comisión fueron amenazados de muerte, por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno mexicano que tomase medidas cautelares para garantizar la seguridad de Martín Barrios. En el momento de redactar este informe, Amnistía Internacional no tenía conocimiento de que se hubieran tomado medidas para hacer responder de sus actos a los responsables de que se presentaran cargos penales infundados e injustificados contra Martín Barrios.