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Esta acción ha finalizado. La decisión de la Corte Suprema chilena de extraditar a Alberto Fujimori al Perú es un paso muy importante en la búsqueda de justicia de las miles de víctimas de tortura, asesinatos, desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno de Fujimori. Las autoridades Peruanas deben ahora llevar adelante esta decisión y asegurarse que todas las victimas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno de Fujimori reciban justicia y reparación.
Gracias a todos los que han participado.
Petición original:
Alberto Fujimori, Presidente de Perú de 1990 a 2000, fue detenido en Chile el 7 de noviembre de 2005. Las autoridades peruanas presentaron un pedido de extradición por delitos de corrupción y graves violaciones a los Derechos Humanos: homicidio calificado, desaparición forzada y tortura.
El 18 de mayo de 2006 la Corte Suprema de Chile le concedió la libertad bajo fianza, manifestando que, pese a quedar en libertad, Fujimori no puede abandonar el país hasta que no se tome una decisión sobre su extradición, por lo que el gobierno chileno tiene la responsabilidad final de garantizar que Fujimori permanece en el país hasta que concluya el proceso.
Amnistía Internacional considera que las violaciones a los derechos humanos cometidas durante su gobierno fueron generalizadas o sistemáticas y constituyen crímenes de lesa humanidad. Todos los estados, incluido Chile, deben ejercer su jurisdicción para perseguir y castigar crimenes de lesa humanidad, cooperando en la detencion, arresto, extradición y castigo de las personas implicadas en esos crímenes, independientemente de la nacionalidad y/o en donde los crímenes hayan sido cometidos.
Si Chile rehúsa finalmente conceder la extradición de Alberto Fujimori a Perú, se encuentra obligado por el derecho internacional a someter el caso a sus propias autoridades judiciales.