
En 1990 la Asamblea de Naciones Unidas aprobó la Convención Internacional sobre la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, en vigor desde 2003, ratificada por 22 países y firmada por otros 10 Estados. España no ha firmado ni ha ratificado este documento.
El objetivo de la Convención es la protección efectiva de los trabajadores migrantes y de sus familias, sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento u otra condición.
¿Qué derechos garantiza la Convención?
La Convención garantiza, entre otros, el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personales; el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; el derecho a la igualdad legal y de trato; el derecho a participar en sindicatos y en la vida política del país; el derecho a retornar voluntariamente a sus países de origen y a mantener los vínculos culturales con sus países; el derecho de los trabajadores migrantes y de sus familiares a recibir información sobre sus derechos.
Además establece que ningún trabajador migrante ni sus familiares serán sometidos a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; que tampoco sufrirán esclavitud ni servidumbre ni serán objeto de medidas de expulsión colectiva.
¿Por qué es importante la firma de la Convención?
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