Ali Salem Tamek, Sahara Occidental.

El último “delito” de este destacado defensor de los derechos humanos saharaui fue denunciar públicamente los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad marroquíes durante las protestas de saharauis en 2005. Más de 39.000 personas participaron en la ciberacción de Amnistía Internacional para exigir la liberación de Ali Salem Tamek y de otros siete compañeros encarcelados. En la primavera de 2006 todos salieron de la cárcel.

Felipe Arreaga, México.

Es uno de los fundadores de la Organización Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlán, creada para luchar contra la deforestación ilegal en el estado de Guerrero. Su campaña pacífica chocó con los intereses de los caciques locales. Quince defensores fueron acusados de asesinato y encarcelados, pese a las evidencias de que las pruebas habían sido fabricadas. En septiembre de 2005 Felipe Arreaga fue absuelto por falta de pruebas y liberado gracias a la presión de miles de activistas.

Leyla Mafi, Irán.

Esta mujer de 20 años fue obligada por su madre a prostituirse desde los ocho. En 2004 fue detenida y acusada de "actos contra la castidad" por regentar un burdel, mantener relaciones sexuales con parientes carnales y dar a luz a un hijo ilegítimo. Pese a que, según informes, la edad mental de Leyla Mafi era de ocho años, fue condenada a muerte. La movilización de más de 115.000 personas consiguió que la ejecución fuese anulada, aunque se mantuvo el castigo de 99 latigazos.

Murat Kurnaz, Alemania.

Este joven germano-turco fue detenido en Pakistán en el otoño de 2001, trasladado a Afganistán y entregado a las tropas de EEUU. Pronto llegaría a Guantánamo, donde ha permanecido cuatro años y ocho meses en un limbo jurídico. Fue torturado, sometido a malos tratos, humillado sexualmente. Miles de individuos presionaron con cartas a las autoridades de EEUU, Alemania y Turquía y su acción surtió efecto: el 24 de agosto de 2006 Murat Kurnaz fue puesto en libertad sin cargos.

Khaled al Masri, Alemania.

Este hombre fue secuestrado en Macedonia en diciembre de 2003, interrogado, torturado, trasladado a Afganistán y entregado a las fuerzas de EEUU que siguieron interrogándole, golpeándole... Así durante cinco meses. Después le abandonaron en una carretera de Albania sin haber sido acusado de crimen alguno. Otras muchas víctimas de "entregas extraordinarias" de la CIA, no se sabe cuántas, necesitan que alguien se movilice por ellas.

Radha Bhusal y Geeta Nepali, Nepal.

Tenían 15 años cuando su gobierno las detuvo de forma arbitraria, las mantuvo recluidas en régimen de incomunicación, las torturó y las sometió a acoso sexual. Ambas eran sospechosas de pertenecer al Partido Comunista de Nepal. Gracias a la presión interna y externa Radha y Geeta fueron liberadas el 24 de octubre de 2005. En la foto se ve a dos jóvenes detenidas que, como Radha y Geeta, fueron acusadas de colaborar con el PCN.

Weja Chicampo, Guinea Ecuatorial.

El líder del partido Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bioko fue detenido en marzo de 2004 por 10 militares encapuchados que le golpearon brutalmente. Permaneció en prisión más de dos años sin cargos ni juicio, en régimen de incomunicación durante periodos prolongados. En junio de 2006 el presidente Obiang, por su 64 cumpleaños, concedió un amplio indulto del que se beneficiaron varios presos políticos, incluido Weja Chicampo. Miles de personas se habían movilizado por él.

Nguyen Khac Toan, Vietnam.

Este ex soldado, profesor de matemáticas y empresario envió por correo electrónico a grupos de vietnamitas en el extranjero información sobre manifestaciones de campesinos en contra de la corrupción oficial y de la confiscación de tierras. El gobierno le acusó de “espionaje” y lo condenó a 12 años de prisión. Gracias a que miles de personas se movilizaron para defender su derecho a la libertad de expresión, Nguyen Khac Toan fue excarcelado en enero de 2006 tras pasar 4 años en prisión.

Zafira y Mohammad Abbasi, Jerusalén

El ayuntamiento de Jerusalén ordenó en 2005 la destrucción de la casa de esta pareja de ancianos palestinos alegando que se había construido ilegalmente. El problema es que las autoridades israelíes tienen una política de no conceder permisos de construcción a familias palestinas. Las órdenes de demolición son a menudo imposibles de revocar pero en este caso el Tribunal del Distrito de Jerusalén dictó un mandamiento judicial contra la amenaza de demolición inminente. Miles de personas se habían movilizado por ellos.