“No he visto a Amnistía Internacional preocuparse por los derechos de una sola víctima del terrorismo (...) sin embargo, son capaces de alborotar a redoble de tambor si a un terrorista que tiene catorce muertos a la espalda un guardia civil le da una bofetada”.
Ricardo García Damborenea, secretario general del PSE-PSOE de Vizcaya en 1985, tras la presentación de un informe sobre la práctica de torturas y malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad a detenidos vascos

Son muchos los logros obtenidos en los últimos 30 años en España. En 1995 se aprobó la abolición de la pena de muerte en el código penal militar, lo que convirtió a España en el país número 55 que eliminaba totalmente la pena capital de su ordenamiento jurídico. En 2001 el Gobierno español firma el Protocolo facultativo para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), y en 2004 entra en vigor la Ley contra la Violencia de Género. El 19 de diciembre de 2007 se aprueba la Ley de Comercio de Armas, que evitará la venta de armas a países donde existe riesgo de violaciones de derechos humanos. Además, en 2007 se aprueba la Ley de Memoria Histórica, que aunque es insuficiente, recoge algunas de las recomendaciones de AI para que las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo consigan verdad, justicia y reparación.

Amnistía Internacional durante estos años ha trabajado para pedir la liberación de personas secuestradas por ETA, como Javier Rupérez, José María Aldaia Etxeburu, José Ortega Lara y Cosme Delclaux, y condenó sin reservas el asesinato de Gregorio Ordoñez Francisco Tomás y Valiente, Miguel Ángel Blanco, hasta el más reciente de Isaías Carrasco, entre otros. Desde AI se ha pedido en todo momento que no haya impunidad para los graves abusos cometidos por ETA, pero también que se investiguen las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, tal y como recomienda el Relator de Naciones Unidas contra la Tortura.

Amnistía Internacional lleva años pidiendo el uso de cámaras en los centros de detención para evitar malos tratos y denuncias falsas contra las fuerzas de seguridad. A finales de 2007, Cataluña y País Vasco han empezado a instalar cámaras en sus comisarías. Asimismo, se ha conseguido que España prohíba por ley la producción y el comercio de material de tortura, y que en 2005 ratificara el Protocolo Opcional contra la Tortura de la ONU. También en esta línea, en 2002 sacamos a la luz más de 320 casos de malos tratos contra inmigrantes por parte de las fuerzas de seguridad, un hito en la lucha contra los malos tratos con componentes racista.

Pero una de las acciones más satisfactorias para Amnistía Internacional ha sido la acogida a defensores de derechos humanos. En 1997, la Sección Española de Amnistía Internacional pone en marcha un programa de protección temporal para activistas de derechos humanos. Desde el inicio del programa, más de 38 defensores y defensoras y sus familias han sido rescatados de una muerte segura al ser acogidos en España durante al menos un año.