En enero de 2004, el hermano de 13 años de Elizabete María de Souza murió en circunstancias que apuntan a una ejecución extrajudicial. Fue en la comunidad de Caju, una zona de favelas en el norte de Río de Janeiro. Desde ese momento, Bete y las madres de algunos de los otros muchachos asesinados en ese día empezaron a hacer campaña para reclamar justicia. “Los derechos humanos son para todos, y no sólo para los que tienen dinero. En las favelas, la gente no conoce sus derechos por tener una escasa formación elemental”. Por eso las madres de Caju han creado la Rede de Comunidades e Movimentos Contra a Violencia para denunciar la situación y apoyar a las familias que han sufrido tragedias similares.

La policía mató en 2004 a 983 personas en Río de Janeiro. La gran mayoría de las víctimas eran hombres jóvenes, pobres, negros o mestizos. Aunque se iniciaron investigaciones sobre algunos de estos casos, pocas de ellas llegaron lejos. Por su trabajo, Bete ha sufrido amenazas. “Apenas puedo dormir por las noches, temiendo que la policía entre en mi casa y ataque a mis hijos”.

Marcelo Freixo tiene 38 años y dos hijos. Es historiador y vive en Niterói, al otro lado de la bahía de Río de Janeiro. Su trabajo lo desarrolla en Global Justice, una respetada organización brasileña que denuncia la violencia que vive la ciudad. Pero su trabajo se centra en la violencia que se vive dentro de las prisiones del país.

“Brasil cuenta con la cuarta población carcelaria más numerosa del mundo”. Más de 170.000 presos comunes están recluidos en más de 500 prisiones y miles de comisarías de policía y cárceles municipales. Las cárceles brasileñas sólo tienen capacidad para unas 74.000 personas. “La población reclusa vive en pésimas condiciones, están hacinados. Lo que acrecienta la extrema violencia dentro de las cárceles, y la perpetuación de la corrupción”.

Los motines son frecuentes y la mayor parte de las víctimas de estos incidentes son los propios presos. Ellos son los responsables del 80 por ciento de las muertes en prisiones. También cada año se producen decenas de muertes bajo custodia, pero la mayoría ni se investigan, ni se documentan.

Por denunciar esta situación, Marcelo sufre amenazas y presiones. “Permanentemente se acusa a quienes defendemos los derechos de los delincuentes de difamadores. Se nos amenaza, y en algunos casos algunos compañeros han sido asesinados. Para mí está claro que impedir el trabajo de los defensores de derechos humanos es una amenaza para la democracia en todo el mundo”.